El nuevo Código de
Procedimiento Civil (CPC) estará apegado a los mandatos de la Constitución de
la República Bolivariana y al Plan de la Patria 2013-2019, en los que se
establece el derecho a una justicia efectiva y expedita, sostuvo este jueves el
diputado Elvis Amoroso, presidente de la Comisión Permanente de Política
Interior de la Asamblea Nacional.
Tras la entrega del
Anteproyecto del CPC por parte de magistrados y jueces del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) a la directiva del Parlamento Nacional, Amoroso describió que es
una herramienta que complementará el sistema judicial.
"Hemos recibido de la
junta directiva de la Asamblea Nacional un proyecto que hemos estado esperando
desde hace mucho tiempo. Esto va a acelerar y complementar, sin lugar a dudas,
el sistema judicial porque en la parte judicial y penal ya se habían adecuado
los códigos a la realidad actual, solo faltaba el civil", refirió.
Informó que durante las
próximas semanas iniciará el proceso de discusión en la instancia legislativa
que preside con el fin de remitir dicho proyecto a plenaria de la Asamblea
Nacional y continuar con los procesos establecidos, como la consulta pública y
el debate en segunda discusión.
"Haremos lo propio para
atender este proyecto, que comprende 800 artículos, y haremos respectivas
discusiones y la consulta pública para que puedan (jueces, abogados,
magistrados y Poder Popular) participar y podamos nutrirnos de la sapiencia del
pueblo venezolano", expresó.
Por su parte, el primer
vicepresidente de la AN, Darío Vivas, explicó que al recibir el anteproyecto se
cumple con un mandato constitucional, pues el artículo 104 establece que la
iniciativa legislativa en materia judicial es competencia del TSJ.
"Estamos cumpliendo con
una normativa constitucional, y viendo el contenido de la propuesta de CPC
podemos señalar además se ajusta a lo que establece la Carta Magna, en
consecuencia nosotros vamos a estar a disposición de acompañar en este debate a
los magistrados y al pueblo para la aprobación de este Código", subrayó.
Además, destacó que la nueva
herramienta judicial garantizará la gratuidad del sistema judicial, su
equilibrio y transparencia.
Por su parte, la magistrada
Iris Peña, presidenta de la sala de Casación Civil del TSJ y encargada de
entregar el anteproyecto, resaltó que la finalidad del nuevo CPC es "dar
un vuelco completo al ordenamiento procesal, civil y mercantil para la concreción
del Estado social y de justicia que la Constitución define".
En este sentido, destacó las
novedades de la reforma del CPC, entre los que resalta: la sustitución del
principio de la escritura al de la oralidad, el reconocimiento a la
jurisdicción y su competencia como asuntos procesales que deben ser revisadoa
por el juez de la audiencia preliminar, otorgar facultades al juez, crear
Circuitos Judiciales Civiles, incorporación de la Defensoría Pública e
implementación de medios alternativos de resolución de conflictos.
El CPC es el instrumento
legal que regula las instituciones procesales relacionadas con derechos
patrimoniales, estado y capacidad de las personas. Es la norma supletoria (que
tiene la facultad de regir situaciones que le son específicamente propias y de
suplir la ausencia de una norma específica) por excelencia del Poder Judicial.
El nuevo proyecto del CPC
propone simplificar los procesos mediante un procedimiento oral, breve,
expedito y público, donde se promuevan medios alternativos de resolución de
conflictos, con el fin de garantizar a los ciudadanos una tutela judicial
efectiva que se corresponda con la realidad del país.
La propuesta de reforma
surge tras la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en 1999, que establece nuevos principios y postulados en cuanto al
ordenamiento jurídico y su actuación.
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