lunes, 24 de noviembre de 2014

CONOZCA LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO DE LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO

El pasado martes 04 de noviembre la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, presentó ante el parlamento el proyecto de Ley de Comercio Electrónico, el cual  fue aprobado en primera discusión.
El artículo 1° del proyecto establece que la presente ley tiene por objeto establecer normas que regulen las actividades comerciales a través de medios electrónicos, que se llevan a cabo entre prestadores de bienes y servicios, intermediarios, usuarios y los que proveen apoyo tecnológico.
La legislación aplica a  todo tipo de información en forma de documento digital o mensaje de datos cuyo propósito es una relación comercial o se derive de ella, y a  todo tipo de medios de almacenamiento o comunicación electrónica o digital de información, producto de relaciones comerciales.
 El presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, Claudio Farías indicó que esta ley busca “fomentar y regularizar el comercio electrónico”.
En ese sentido el artículo 8° implanta que el  proveedor,  prestador de bienes o servicios está obligado a entregar factura electrónica que cumpla  formalidades establecidas en la Ley así como garantía de la integridad,  de tal forma que se mantenga inalterable desde que se genero.
El proveedor de bienes y servicios debe estar debidamente inscrito en el SENIAT; de igual forma  se debe implementar el uso de certificados electrónicos de la cadena de confianza nacional provisto por un proveedor de servicios de Certificación Electrónica acreditado por Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica  para la firma electrónica de los contratos suscritos y de las facturas electrónicas.
Por otra parte se ordena que el  proveedor de servicios de internet y  el proveedor o prestador de bienes o servicios están obligados a mantener un registro electrónico de todas sus transacciones con su respaldo de seguridad respectivo, por un lapso de diez años una vez realizada la compra del bien o la contratación del servicio.
Asimismo se establece que toda transacción de comercio electrónico de páginas venezolanas o para el territorio de la República Bolivariana de Venezuela debe realizarse en  Bolívares, lo que ilegaliza la comercialización de productos y servicios dentro del territorio  nacional en dólares o cualquier otra moneda extranjera.
Plazos y entregas
De acuerdo a  Farías, el proyecto de Ley de Comercio Electrónico busca garantizar un intercambio económico sin estafas. Así, el artículo 20  explica que si el proveedor se encuentra en la imposibilidad de enviar o prestar los productos o servicios contratados dentro del plazo indicado en el contrato, deberá notificar esta circunstancia al consumidor, informándole del nuevo plazo en el que estarán disponibles.
En este caso el consumidor tendrá la posibilidad de rescindir el contrato y pedir que se le reembolse el importe del producto o servicio si lo hubiese pagado.
En esa misma línea, el proyecto propone que el proveedor de servicios de internet y el proveedor o prestador de bienes o servicios que ofrezca bienes o servicios o de correo en la República Bolivariana de Venezuela debe estar alojada en el país y  tener un nombre de dominio de Venezuela, para que pueda ser objeto de Inspección y fiscalización, según el artículo 26.
Obligación de persona no comerciante
La propuesta introduce una novedad dentro del comercio electrónica, al ordenar que toda persona natural o jurídica no dedicada al comercio, antes de publicar  a través de medios electrónicos la oferta de un bien de uso personal debe inscribirse en el Registro que para tales efectos lleve  la Superintendencia Nacional para la Defensa de los derechos socio económicos y debe solicitar el Certificado Electrónico de la cadena de confianza nacional provisto por un proveedor de servicios de certificación electrónica acreditado por la Superintendencia  de Servicios de Certificación Electrónica, Certificado que tendrá vigencia temporal hasta la fecha en que se comercialice el bien ofrecido.
Por su parte dentro de las obligaciones de los proveedores de servicio de Internet  se describe que éstos deberán estar debidamente inscritos y autorizados por las instancias o entes que así lo exija el ordenamiento jurídico vigente.
Prohibiciones
Dentro de las prohibiciones que incluye el proyecto, se encuentran la oferta de bienes y servicios a través de tecnologías de información, páginas web, internet y  paginas sociales de medicamentos, sustancias prohibidas para su consumo o uso, bienes o servicios que inciten a la prostitución o pornografía, artículos de primera necesidad y de la cesta básica o aquellos sometidos a regulación de precios, así como los comercializados por cualesquiera de la redes de distribución de alimentos del Estado, artículos subsidiados  antes de dos años de su adquisición, vehículos automotores antes de dos años de su adquisición, viviendas de interés social y artículos vencidos o en mal estado.
La Sundde  estará a cargo de las sanciones en caso de incurrir en el incumplimiento de la norma, por lo que impondrá multas, hasta por el equivalente a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.), cuando se les compruebe que hayan incumplido cualesquiera de las obligaciones contempladas en esta Ley.
Mientras, ante la reincidencia de alguna actuación dolosa, culposa,  omisión, hecho ilícito, delito o falta contemplada en el ordenamiento jurídico vigente, será sancionara con multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) y la inhabilitación a realizar comercio electrónico.
Cuando el proveedor o prestador de bienes o servicios incumpla con la entrega del bien o servicio contratado, deberá  reembolsar  el 100% del monto cancelado, mas una suma igual por daños y perjuicios causados, además de una multa de 500 unidades tributarias.
Por último el proyecto da la potestad  a Conatel para que por vía administrativa, sustentado en informe de acto conclusivo de La Superintendencia Nacional para la defensa de los derechos socio económico proceder al bloqueo de sitios web nacionales o extranjeros que ofrezcan bienes o servicios cuando estos no cumplan con los requisitos exigidos en esta Ley.

domingo, 19 de octubre de 2014

CURSO "TÉCNICAS PARA SUPERAR UNA INSPECCIÓN DEL MINTRA, INPSASEL, IVSS Y CONAPDIS"

El próximo viernes 14 de noviembre del 2014 estaremos dictando este importante curso en la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón, en el cual estaremos ofreciendo a los participantes las herramientas necesarias para estar al día con estas instituciones.




Te invitamos a participar en este interesante curso

Te esperamos!!!!!

sábado, 11 de octubre de 2014

NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL REGIRÁ EL SISTEMA JUDICIAL

El nuevo Código de Procedimiento Civil (CPC) estará apegado a los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana y al Plan de la Patria 2013-2019, en los que se establece el derecho a una justicia efectiva y expedita, sostuvo este jueves el diputado Elvis Amoroso, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional.

Tras la entrega del Anteproyecto del CPC por parte de magistrados y jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la directiva del Parlamento Nacional, Amoroso describió que es una herramienta que complementará el sistema judicial.

"Hemos recibido de la junta directiva de la Asamblea Nacional un proyecto que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Esto va a acelerar y complementar, sin lugar a dudas, el sistema judicial porque en la parte judicial y penal ya se habían adecuado los códigos a la realidad actual, solo faltaba el civil", refirió.

Informó que durante las próximas semanas iniciará el proceso de discusión en la instancia legislativa que preside con el fin de remitir dicho proyecto a plenaria de la Asamblea Nacional y continuar con los procesos establecidos, como la consulta pública y el debate en segunda discusión.

"Haremos lo propio para atender este proyecto, que comprende 800 artículos, y haremos respectivas discusiones y la consulta pública para que puedan (jueces, abogados, magistrados y Poder Popular) participar y podamos nutrirnos de la sapiencia del pueblo venezolano", expresó.

Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas, explicó que al recibir el anteproyecto se cumple con un mandato constitucional, pues el artículo 104 establece que la iniciativa legislativa en materia judicial es competencia del TSJ.

"Estamos cumpliendo con una normativa constitucional, y viendo el contenido de la propuesta de CPC podemos señalar además se ajusta a lo que establece la Carta Magna, en consecuencia nosotros vamos a estar a disposición de acompañar en este debate a los magistrados y al pueblo para la aprobación de este Código", subrayó.

Además, destacó que la nueva herramienta judicial garantizará la gratuidad del sistema judicial, su equilibrio y transparencia.

Por su parte, la magistrada Iris Peña, presidenta de la sala de Casación Civil del TSJ y encargada de entregar el anteproyecto, resaltó que la finalidad del nuevo CPC es "dar un vuelco completo al ordenamiento procesal, civil y mercantil para la concreción del Estado social y de justicia que la Constitución define".

En este sentido, destacó las novedades de la reforma del CPC, entre los que resalta: la sustitución del principio de la escritura al de la oralidad, el reconocimiento a la jurisdicción y su competencia como asuntos procesales que deben ser revisadoa por el juez de la audiencia preliminar, otorgar facultades al juez, crear Circuitos Judiciales Civiles, incorporación de la Defensoría Pública e implementación de medios alternativos de resolución de conflictos.

El CPC es el instrumento legal que regula las instituciones procesales relacionadas con derechos patrimoniales, estado y capacidad de las personas. Es la norma supletoria (que tiene la facultad de regir situaciones que le son específicamente propias y de suplir la ausencia de una norma específica) por excelencia del Poder Judicial.

El nuevo proyecto del CPC propone simplificar los procesos mediante un procedimiento oral, breve, expedito y público, donde se promuevan medios alternativos de resolución de conflictos, con el fin de garantizar a los ciudadanos una tutela judicial efectiva que se corresponda con la realidad del país.


La propuesta de reforma surge tras la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 1999, que establece nuevos principios y postulados en cuanto al ordenamiento jurídico y su actuación.